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lunes, 25 de enero de 2010

INCREMENTA CODHEM DIFUSIÓN

** A fin de evitar que sean detenidos injustificadamente o víctimas de abuso de autoridad.
Las detenciones arbitrarias por parte de la autoridad municipal o estatal son problemas que enfrentan cotidianamente adolescentes y jóvenes en el Valle de México, afirmó Gregorio Matías Duarte, Visitador General III Oriente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Ante ello, el funcionario de la Codhem explicó que la Defensoría de Habitantes, a través de personal especializado lleva a cabo pláticas para este sector, con el fin de que los jóvenes estén enterados de sus derechos, además de realizar recorridos en las cárceles municipales y en algunos otros puntos donde puedan suscitarse situaciones en las que se atente contra los derechos humanos, a fin de inhibirlas.
Dijo que debido a este tipo de detenciones sin justificación, los menores de edad con frecuencia son víctimas de abusos y hasta agresiones o robos por parte de la autoridad, a la salida de antros o centros de diversión, por lo que hizo un llamado a las autoridades de la zona para apegarse a la ley y al momento de detener a un joven, respetar sus derechos fundamentales y sólo hacer uso de la fuerza en caso necesario, cuando se oponga resistencia, únicamente para someter y asegurar a la persona detenida a fin de evitar un mal mayor.
El Visitador señaló que tratándose de jóvenes hay un sistema de justicia especial para ellos en donde se deben respetar ciertas garantías y deben ser puestos en un lugar apto, las autoridades deben destinar un área abierta, no aislada, alejada de los adultos y de los probables responsables de un delito.
Incluso, manifestó que cuando un joven es detenido por alguna conducta antisocial, tiene el derecho de conocer el motivo del que se le acusa, quien lo acusa, además tiene la posibilidad de realizar una llamada para avisar a sus familiares y debe estar asistido por un defensor o una persona de su confianza.
Finalmente, instó a las autoridades a evitar cualquier clase de abusos y a combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, desarrollando políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad.

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