CIUDAD JUAREZ, México (AP)
En una reunión con representantes de la sociedad de Ciudad Juárez, en la que incluso fue encarado por una madre que perdió a sus dos hijos en una reciente masacre, "el mandatario propuso un plan con cuatro ejes para combatir la impunidad, la corrupción policial y reforzar la participación de las fuerzas federales, al tiempo de invertir en programas sociales que amplíen el acceso a la educación, salud y actividades recreativas de los jóvenes"
Calderón llegó a Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, dos semanas después de una matanza de 15 personas en su mayoría jóvenes a los cuales de entrada asocio con nexos al crimen organizado, lo cual desató una ola de indignación y la exigencia social de medidas que lleven a terminar de una vez con la violencia que ha convertido a esta localidad en una de las más violentas del mundo.
Tras un encuentro con familiares de las víctimas de la matanza, el presidente no le que mas que ofrecer una disculpa pública por haber afirmado días después del crimen que se había tratado de un choque entre bandas criminales rivales, lo cual fue rebatido desde el primer momento por los padres de los jóvenes.
un encuentro público en el centro de convenciones de esta ciudad, donde antes de su llegada varios manifestantes que protestaban por su visita fueron dispersados por la policía.
Durante una de las intervenciones del presidente, la señora Luz María Dávila se paró frente a él y le reclamó justicia por el asesinato de sus dos únicos hijos en la masacre del 31 de enero.
"Si a usted le hubieran matado a un hijo hubiera buscado debajo de las piedras al asesino, pero yo no tengo los recursos", le reclamaba la mujer entre sollozos.
"Quiero que se ponga en mi lugar... haga algo por Juárez", dijo Dávila, la madre de dos jóvenes estudiantes de 16 y 19 años.
Entre los asistentes hubo una demanda de retirar de Ciudad Juárez al ejército, que fue señalado de haber cometido desapariciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.
"Sé que no queremos ni una muerte más, pero este problema es mucho más grave de lo que hemos visto en cualquier lugar", dijo el presidente en una reunión, en la que la gente lo interpeló una y otra vez.
"La mayor amenaza a los derechos humanos, el mayor quebranto al estado de derecho no proviene del gobierno, no proviene del ejército, proviene del crimen organizado", señaló.
En Ciudad Juárez, a unos 1.500 kilómetros al noroeste de la capital mexicana, la violencia atribuida al crimen organizado dejó en el 2009 más de 2.500 asesinados, lo que la ha convertido en una de las localidades con los índices de homicidios más altos del mundo.
El gobierno desplegó hace poco más de dos años a miles de militares y policías en Ciudad Juárez para combatir a los carteles de las drogas, aunque la violencia no disminuyó y, por el contrario, fue en aumento.
"Juárez no aguanta otro año como el año pasado", advirtió Manuel Ortega, representante del sector empresarial.
"Ciudad Juárez está viviendo una catástrofe”, finalizo Lorenza Patricia Galarza en representación de organizaciones de derechos humanos. "La violencia que vivimos ha rebasado todos los límites".
En una reunión con representantes de la sociedad de Ciudad Juárez, en la que incluso fue encarado por una madre que perdió a sus dos hijos en una reciente masacre, "el mandatario propuso un plan con cuatro ejes para combatir la impunidad, la corrupción policial y reforzar la participación de las fuerzas federales, al tiempo de invertir en programas sociales que amplíen el acceso a la educación, salud y actividades recreativas de los jóvenes"
Calderón llegó a Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, dos semanas después de una matanza de 15 personas en su mayoría jóvenes a los cuales de entrada asocio con nexos al crimen organizado, lo cual desató una ola de indignación y la exigencia social de medidas que lleven a terminar de una vez con la violencia que ha convertido a esta localidad en una de las más violentas del mundo.
Tras un encuentro con familiares de las víctimas de la matanza, el presidente no le que mas que ofrecer una disculpa pública por haber afirmado días después del crimen que se había tratado de un choque entre bandas criminales rivales, lo cual fue rebatido desde el primer momento por los padres de los jóvenes.
un encuentro público en el centro de convenciones de esta ciudad, donde antes de su llegada varios manifestantes que protestaban por su visita fueron dispersados por la policía.
Durante una de las intervenciones del presidente, la señora Luz María Dávila se paró frente a él y le reclamó justicia por el asesinato de sus dos únicos hijos en la masacre del 31 de enero.
"Si a usted le hubieran matado a un hijo hubiera buscado debajo de las piedras al asesino, pero yo no tengo los recursos", le reclamaba la mujer entre sollozos.
"Quiero que se ponga en mi lugar... haga algo por Juárez", dijo Dávila, la madre de dos jóvenes estudiantes de 16 y 19 años.
Entre los asistentes hubo una demanda de retirar de Ciudad Juárez al ejército, que fue señalado de haber cometido desapariciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.
"Sé que no queremos ni una muerte más, pero este problema es mucho más grave de lo que hemos visto en cualquier lugar", dijo el presidente en una reunión, en la que la gente lo interpeló una y otra vez.
"La mayor amenaza a los derechos humanos, el mayor quebranto al estado de derecho no proviene del gobierno, no proviene del ejército, proviene del crimen organizado", señaló.
En Ciudad Juárez, a unos 1.500 kilómetros al noroeste de la capital mexicana, la violencia atribuida al crimen organizado dejó en el 2009 más de 2.500 asesinados, lo que la ha convertido en una de las localidades con los índices de homicidios más altos del mundo.
El gobierno desplegó hace poco más de dos años a miles de militares y policías en Ciudad Juárez para combatir a los carteles de las drogas, aunque la violencia no disminuyó y, por el contrario, fue en aumento.
"Juárez no aguanta otro año como el año pasado", advirtió Manuel Ortega, representante del sector empresarial.
"Ciudad Juárez está viviendo una catástrofe”, finalizo Lorenza Patricia Galarza en representación de organizaciones de derechos humanos. "La violencia que vivimos ha rebasado todos los límites".
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