Un criterio de absoluta discrecionalidad y densa opacidad prevalece en el Estado mexicano para disponer a entera conveniencia de recursos públicos que integran el presupuesto de publicidad oficial y que sólo a nivel del Gobierno Federal ascienden a 3 mil 700 millones de pesos.Desde los tres distintos niveles, gobiernos de todos los partidos políticos han usado la publicidad oficial para premiar o castigar a los medios de comunicación, según la hostilidad o sumisión que perciben en éstos, en una clara regresión a un obscurantismo que se suponía superado por la alternancia en el poder.Motivo por el que urgen reglas claras en la asignación de la publicidad oficial, no sólo a nivel del Gobierno Federal, léase Poder Ejecutivo, sino también para los Poderes Legislativo y Judicial; para los gobiernos de las entidades federativas y los más cercanos a la ciudadanía, como son los municipales.Así lo advirtieron la tarde de este jueves la periodista María Scherer Ibarra, el senador perredista Carlos Sotelo García, el escritor Ernesto Villanueva Villanueva y el presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión, Armando Prida Huerta, durante la presentación del libro que este último escribió acerca del tema y que intituló Publicidad Oficial: Transparencia y Equidad.En la sede de la Escuela de Administración Pública del DF, en el Centro Histórico, María Scherer hizo notar que nada ha cambiado desde 1977, cuando el entonces presidente José López Portillo expresó su famosa frase: “No pago para que me peguen”.Con esas palabras el ex mandatario justificó su decisión de no canalizar publicidad a la revista Proceso, una medida que la opinión pública advirtió como represalia por el contenido de los trabajos periodísticos de ésta.La periodista hizo notar que las cosas no cambiaron mucho desde entonces y al respecto recordó que en el último año del gobierno de Vicente Fox, la publicidad oficial de la administración de éste, se esfumó de las páginas del desaparecido Diario Monitor, luego de que éste abiertamente apoyó la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Dijo también que en el gobierno actual llaman la atención dos hechos: uno, que la facturación de publicidad oficial fuera mayor en revistas con un tiraje menor al de Proceso, pero también con menos impacto entre la opinión pública que ésta y, dos, que luego se haya suspendido la publicidad a todas, lo que significa la desaparición de muchas de ellas.En su turno, el senador Carlos Sotelo García, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en la Cámara alta, dijo que si bien han disminuido las presiones fiscales y los procesos judiciales del gobierno contra comunicadores, éste ha puesto en marcha mecanismos más sofisticados, más complejos y menos visibles para silenciar a las voces críticas.Al precisar que uno de estos mecanismos es la distribución de la publicidad, el legislador sostuvo que no ha cambiado el criterio de absoluta discrecionalidad en el uso de los recursos destinados al gasto de difusión y comunicación social que, durante los últimos 70 años, fueron utilizados sin ningún recato, dijo:“Para financiar campañas políticas, promover imágenes personales de presidentes y funcionarios y para financiar la existencia de un conjunto de medios de comunicación que carecen de toda base social, debiendo su existencia y subsistencia a la publicidad oficial”.Al respecto llamó la atención acerca de que la alternancia de partidos políticos hace diez años no ha cambiado esta circunstancia y se remitió a cifras recientes de publicidad oficial:“De los 147 mil 962 millones de pesos invertidos en publicidad oficial en el 2007, el 72 por ciento correspondió a los medios electrónicos, básicamente a dos televisoras; el 28 por ciento restante se distribuyó entre los medios de comunicación impresos, de los cuales, 17 diarios, recibieron el 88 por ciento de estos recursos”.Así, dijo, al publicar la obra Publicidad Oficial: Transparencia y Equidad, el doctor Ernesto Villanueva centró uno de los grandes temas de la Nación: la relación entre la publicidad oficial, la libertad de expresión y el derecho a la información.En su turno, el doctor Ernesto Villanueva, autor de la obra, lamentó que en medio de este contexto, no existan todavía en el país suficiente aparato crítico ni la necesaria estructura metodológica para abordarlo y que permita identificar parámetros no sólo por lo que se refiere a derecho comparado sino también a políticas públicas.Dijo que en el país no solamente no existen reglas escritas sobre cómo regular la publicidad oficial, sino que también se padece de un “déficit ético”, por parte de la prensa, cuando ve este tema como un medio para hacer negocio, aunque así sacrifique sus contenidos.El autor —jurista y especialista en medios de comunicación— urgió a la aprobación de una ley que prohíba la promoción política personal de los gobernantes, con cargo a los recursos públicos, una irregularidad en la que incurren hoy desde el Presidente Calderón hasta gobernadores y munícipes de todos los partidos, como ha sucedido casi por siempre en México.Dijo al respecto que en los mensajes de este tipo de promociones, también se advierte carencia absoluta de regulación en los contenidos, toda vez que se llega al extremo de afirmar cosas que no son ciertos como que cada vez en México se vive mejor; que cada vez hay más riqueza, que no faltará el agua o que se va ganando la guerra al narcotráfico.Finalmente, Villanueva Villanueva aseguró que si bien las iniciativas que en el Congreso de la Unión se han presentado son cada vez mas acabadas y rigurosas, no logran los consensos adecuados que se requieren por falta de conocimiento, por desinterés o porque los legisladores creen que así debe de ser.Dijo que en una lógica de reglas claras los márgenes de maniobra de las direcciones de comunicación social sin duda bajarían y habría mecanismos razonables para dar o no dar publicidad, pero sobre todo se terminaría con ese lamentable principio que prevalece en muchos de los gobiernos de los estados:Que el gasto en publicidad oficial a los medios es considerado información clasificada y reservada, en virtud de que atentan contra la gobernabilidad y seguridad del Estado. “Pero esto es absurdo: lo vemos en Veracruz, lo vemos en Zacatecas, incluso con Amalia García, del PRD, a quien se tiene por políticamente correcta”, concluyó.Por su parte, Armando Prida, quien participó como moderador, dio a conocer algunos ejemplos de la forma cómo los medios de comunicación pueden buscar el cobijo de los organismo de derechos humanos para lograr su participación en términos de equidad respecto de otras publicaciones.Agregó que si López Portillo dijo “no pago para que me peguen”, hoy "yo podría decir que casi todos los gobiernos por no decir todos los gobiernos estatales, municipales y el federal dicen: “te pego y no te pago”. Falta pluralidad, la democracia se tergiversa de una manera muy importante. Se da la información que se quiere dar y no la que debemos saber". El presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión añadió que "Ernesto (Villanueva) escribió un libro esplendido; aquí se relata, de una manera clara, toda esta problemática que tenemos. Si esos 3 mil 700 millones se aplicaran adecuadamente seria el inicio del cambio del país".
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