TOLUCA.-La aprobación unánime de la Ley de Seguridad del Estado de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, demuestra que los poderes públicos estatales y la ciudadanía trabajan de manera coordinada y respetuosa, y que los legisladores mexiquenses se ocupan de lo que preocupa a la ciudadanía, ya que la seguridad “es un asunto de todos”, coincidieron diputados de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, Verde Ecologista, PT y Convergencia. En sesión ordinaria, los legisladores: Horacio Jiménez López, Juan Ignacio Samperio Montaño, de Convergencia, fijaron las posturas de sus Grupo Parlamentario, en torno a la aprobación de los tres dictámenes en materia de seguridad, en las que destacaron la contribución de partidos políticos y ciudadanos.
Al dar lectura al dictamen por el cual se creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el diputado Horacio Jiménez López, de Convergencia, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, indicó que a este se sumaron las propuestas de los grupos parlamentarios y partidos políticos, así como los ciudadanos mexiquenses y empresarios: José Luis Gutiérrez Cureño, Leopoldo García Pichardo, Enrique de la Rosa Méndez, Luis Alfonso Guerrero Vázquez.
Ante estudiantes de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la UAEM y de la Preparatoria Cuauhtémoc;
Horacio Jiménez, explico “En nuestra entidad, los poderes públicos trabajan de manera coordinada y respetuosa para generar un ambiente de certidumbre y paz social”, destacó al mencionar que con la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nuestro estado se suma a los otros 28 que cuentan con dependencias similares; mientras que con la Ley de Seguridad y la que crea el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, se avanza en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, coordinador de Convergencia, afirmó que la obligación primordial del Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No basta —expresó— con incrementar en el Presupuesto de Egresos de cada año la partida presupuestal correspondiente a la seguridad pública, cuando los índices delictivos aumentan.
“Votamos a favor de las iniciativas presentadas convencidos de que, sin ideologías ni partidismos nos une el deber y la convicción de garantizar la seguridad y convivencia pacífica de los mexiquenses, nos une el compromiso de regresarle a las personas los espacios que la delincuencia de manera gradual ha ganado, la seguridad no es un asunto aislado, es de corresponsabilidad y en coordinación con los demás poderes se presenta y se convierte en un objetivo común y por ende irrevocable”, destacó.
La Ley de Seguridad establece a la persona como eje central de la seguridad pública. Tiene como principales objetivos desarrollar las bases y normar la distribución de competencias en materia de seguridad pública del Estado y los municipios; establecer las bases de coordinación entre la entidad y los municipios con la Federación, el Distrito Federal y los Estados; e integrar el Sistema Estatal de Seguridad Pública. Además del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública crea 18 Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública como órganos colegiados que deberán ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, sustituirá a la Agencia de Seguridad Estatal, y será responsable de planear, formular, conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, programas y acciones en materia de seguridad pública y protección civil; así como de preservar las libertades, el orden y la paz pública.
Los recursos humanos, materiales y financieros de la ASE serán transferidos —al entrar en vigor el Decreto aprobado— a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; los derechos y compromisos vigentes en los convenios o instrumentos jurídicos celebrados a través de la ASE, serán asumidos por esta Secretaría, excepto los que deban ser renovados.
La Secretaría se complementará con el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, en apego a la nueva Ley de Seguridad, como un órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de capacitar y profesionalizar a los servidores públicos y aspirantes a ingresar a las instituciones de seguridad pública o corporaciones de seguridad privada.
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