El también legislador federal del
PRD indicó que el resultado de la investigación por la presunta corrupción de
OHL y el gobierno estatal, en la concesión del Viaducto Elevado Bicentenario,
demuestra que la corrupción es solapada desde los niveles más altos de la
administración estatal.
Y no sólo porque uno de los
principales implicados, el ex Secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena
Vargas, hoy siga en el gabinete estatal como Secretario Técnico, sino porque la
auditoria ordenada únicamente arrojó resultados administrativos que no
profundizan en la presunta relación de corrupción que se gestó entre OHL y el
gobierno mexiquense desde los tiempos del Gobernador Enrique Peña Nieto.
A ello se suman, indicó Ortega, los
niveles de inseguridad pública que en el Estado de México hacen palidecer al
discurso gubernamental, pues a nivel nacional la entidad es líder en delitos de
alto impacto.
En 2016, con corte al 31 de julio,
la entidad ya registraba mil 204 homicidios dolosos, sólo por debajo de
Guerrero.
Las cifras del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP), que se basan en las denuncias presentadas ante la
Procuraduría estatal, también señalan que en el Estado de México durante este
año ya ocurrieron 159 secuestros, cifra que no es igualada por ningún estado
del país.
En las denuncias por extorsión la
entidad mexiquense también puntea en 2016, pues ya contabilizaba 420, el mayor
número a nivel nacional.
Y en los delitos de robo de vehículo
con violencia y sin violencia continuaba encabezando la lista a nivel país
hasta el primer semestre de este año.
En el robo de vehículo con
violencia se habían registrado 12 mil 96 denuncias, cantidad muy lejana de la
Ciudad de México, que ocupaba el segundo lugar con mil 966 denuncias.
Respecto al hurto de vehículos sin
violencia, hasta julio de 2016 la entidad mexiquense ya registraba 14 mil 49,
mientras en segundo lugar a nivel nacional estaba Baja California con 8 mil 476
denuncias. Ese es el nivel delictivo que padecen los mexiquenses.
Uno de los detonantes de la
inseguridad pública es la pobreza en la que vive casi la mitad de la población
mexiquense. Deriva de distintos factores como el rezago educativo, los bajos
salarios y las pocas oportunidades para emprender negocios rentables, afirmó
Ortega.
El dirigente del PRD reiteró que un factor importante que incide en el incremento de la delincuencia es el poco aliento para la generación de empleos bien pagados, pues en la entidad se está generando una mano de obra excesivamente barata. El ingreso promedio de la población ocupada mexiquense asciende a 5 mil 50 pesos al mes, advirtió.
Recordó que recientemente el Banco Mundial calificó positivamente al Estado de México como un lugar para hacer negocios, sin embargo, el informe Seguridad Empresarial en México 2015-2016, realizado por la American Chamber of Commerce of México (AmCham), indica que nuestra entidad subió del cuarto al segundo lugar nacional en cuanto a los riesgos para las empresas.
El dirigente del PRD reiteró que un factor importante que incide en el incremento de la delincuencia es el poco aliento para la generación de empleos bien pagados, pues en la entidad se está generando una mano de obra excesivamente barata. El ingreso promedio de la población ocupada mexiquense asciende a 5 mil 50 pesos al mes, advirtió.
Recordó que recientemente el Banco Mundial calificó positivamente al Estado de México como un lugar para hacer negocios, sin embargo, el informe Seguridad Empresarial en México 2015-2016, realizado por la American Chamber of Commerce of México (AmCham), indica que nuestra entidad subió del cuarto al segundo lugar nacional en cuanto a los riesgos para las empresas.
Sin contar que en materia de
educación se están priorizando los apoyos sociales y asistencialistas, sin
impulsar la calidad de la educación, además de que un gran porcentaje de
mexiquenses continúa excluido de las oportunidades educativas.
En materia de salud, Ortega
consideró que es urgente revisar las finanzas y sostenibilidad del Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), pues los
servicios son de baja calidad, lo cual está provocando riesgos fatales para los
derecho-habientes*.
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