*El que
elaboraron los correligionarios del diputado priista parece encaminarse a la
protección de presuntos delincuentes, señala el perredista
Tras casi ocho meses de incumplir
la normatividad que rige el actuar de la Sección Instructora, algunos
integrantes de este órgano legislativo parecen buscar lagunas jurídicas que le permitan
proteger a presuntos delincuentes, por lo que “presentaremos otro proyecto de
dictamen al que pretenden imponer sus correligionarios del PRI en el caso de
Tarek Abdala”, afirmó el diputado Omar Ortega Álvarez.
Consideró como “un afán de garantizar
impunidad” lo que se ve para este caso, en el cual algunos miembros de la
Sección Instructora hacen todo lo posible, desde que se recibió la solicitud de
desafuero de la Fiscalía General de Veracruz, para retardar el dictamen,
primero justificándose con la solicitud de información de un amparo presentado
por el denunciado y ahora desestimando la solicitud de la Fiscalía.
Refirió que el diputado Tarek Abdala es
señalado por la Fiscalía veracruzana de ser cómplice del ex gobernador Javier
Duarte de Ochoa en el desvío de miles de millones de pesos del erario público y
que, al gozar de fuero como diputado, no puede ser procesado penalmente, a no
ser que se resuelva afirmativamente la declaración de procedencia para retirar
la inmunidad.
Precisó que la solicitud de declaración de
procedencia o desafuero fue presentada el 25 de enero de 2017 por el Fiscal
General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, para estar en posibilidad jurídica
de proceder penalmente contra Tarek Abdala por los delitos de abuso de
autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y peculado
previstos en los artículos 317, 318, 319, 320, 323, 324 y 327 del Código Penal
de la entidad.
El 2 de febrero de 2017, la Sección
Instructora, admitió la solicitud y conformó el expediente SI/LXIII/01/2017.
Los protectores del inculpado al interior de
la Sección Instructora insisten que es improcedente la solicitud, bajo el
ambiguo argumento que la Fiscalía General aun realiza sus investigaciones y,
por ello, no se ha demostrado el delito ni la presunta participación de Tarek
Abdala, -tesorero en el gobierno de Duarte de Ochoa-.
A los correligionarios del inculpado –dijo
Ortega-, parece no importarles las desgracias y tragedias que provocaron los
latrocinios del ex gobernador y sus cómplices a millones de veracruzanos, como
ha sido colmadamente acreditado a través de las denuncias presentadas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de
Diputados, ni el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) a
la fecha, procesa penalmente al ex mandatario priista.
Tampoco parece importarles que hoy (más que
nunca) es necesario sancionar a los delincuentes de cuello blanco y obligarlos
a devolver los miles de millones de pesos que el ex mandatario estatal y sus
secuaces, desviaron de las arcas, principalmente a aquellos que estuvieron a
cargo de las finanzas públicas.
El proyecto de dictamen sobre la solicitud de
desafuero, que elaboraron los protectores de Tarek Abdala, dice que los
indicios sobre su responsabilidad en el multimillonario desfalco no son
suficientes sino hasta que se concluya la investigación o, en su caso, haya
sido desaforado.
“Esto es ilógico y claramente
contraviene la Constitución y otras leyes, -argumentó Ortega-, pues lo que se
establece en los ordenamientos es que, precisamente para procesarlo penalmente
y sentenciarlo, debe estar desaforado,” dijo.
Por ello, el coordinador de Proceso
Legislativo del GPPRD anunció que en breve presentará un proyecto de dictamen
alternativo al que pretenden imponer los encubridores del priista Tarek Abdala.
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