Toluca, México, 28 de enero de 2013.- La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México emitió la Recomendación No.
17/2012 a los Servicios
Educativos Integrados del Estado de México motivada por los abusos sexuales de un profesor del
quinto año en una primaria de la capital mexiquense contra varias de sus
alumnas.
El documento del ombudsman fue
generado porque las conductas de ese mal servidor no solamente dejaron de ser
sancionadas como era debido pues causaron serias afectaciones a las víctimas,
sino que hubo acciones de encubrimiento y omisión por parte de algunos de sus
superiores.
Este profesor de nombre José Rodríguez
Romero, del quinto año de la primaria ubicada en San Mateo Oxtotitlán, en
diferentes y repetidas ocasiones realizó tocamientos eróticos a varias de sus
alumnas, también les enseñó videos pornográficos en un celular, además de
amenazarlas y ofrecerles dinero a cambio de no decir nada. Estos hechos permanecen
bajo investigación del Ministerio Público, además de ser analizados por el
Tribunal Superior de Justicia.
Por ello, el Ombudsman recomendó al
titular de SEIEM, realizar las gestiones necesarias para que todas las
afectadas reciban tratamiento psicológico, además de pedir la investigación y
sanción no sólo del accionar del abusivo mentor, sino también de los servidores
públicos María Araceli Montoya Castro, directora de la escuela, Eva Liliana
Cázares subdirectora del plantel y Gaspar Benítez González, supervisor escolar.
La profesora Eva Liliana Cázares
Miranda, subdirectora, incurrió
en el agravio a los derechos de las niñas, ya que en febrero de 2012, solicitó
a las víctimas redactar un documento en el que detallaran el trato que recibían
del profesor; en estos escritos, con claridad, se observaba el grado de abusos
que cometió contra varias de ellas. No obstante, la subdirectora no dio parte
al Ministerio Público ni a sus superiores, fue hasta el mes de junio, cuatro meses después, cuando entregó
dichos documentos a la
Unidad Jurídica de los SEIEM.
Por su parte, Gaspar Benítez González,
supervisor escolar, tardó un mes con quince días para retirar del grupo escolar
al agresor, tiempo en el cual siguieron las amenazas contra las agraviadas,
según relataron los padres de familia.
Concluidas sus indagatorias, la CODHEM recomendó al titular
de los SEIEM, asegurarse de que todas las afectadas reciban ayuda
psicológica, valorar las
conclusiones de la resolución y garantizar que sean tomadas en cuenta dentro
del proceso administrativo disciplinario para conocer el grado de
responsabilidad del profesor, la directora, subdirectora y el supervisor
escolar inmersos en este caso.

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