San Lázaro.-El
Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, el dictamen
que reforma y adiciona la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores
Públicos, reglamentaria de los artículos constitucionales 75 y 127; el Código
Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El
documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales,
actualiza términos y criterios relacionados con remuneraciones de servidores
públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus
administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y
organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier
otro ente público federal.
Entre
los cambios, destaca que incurrirá en cohecho el servidor público que se
abstenga de devolver el pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo
con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días
naturales siguientes a su recepción.
Se
considera desvío de recursos públicos el otorgamiento o autorización, para sí o
para otros, del pago de una remuneración en contravención con los tabuladores
que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento o autorización,
para sí o para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro,
liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén
previstos en la ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones
generales de trabajo.
Dicho
dictamen fue aprobado en lo general, por 436 votos a favor. Mientras que en lo
particular y en términos del documento quedaron los artículos 2, 3, 6, 7, 11,
12, 13, 15 y 17 que habían sido reservados; la votación fue 344 en pro y 72 en
contra.
También
en lo particular, se aceptó con 421 votos adicionar un artículo 7 Bis, a fin de
establecer que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados, será el responsable de emitir una opinión anual sobre los montos
mínimos y máximos de las remuneraciones de los servidores públicos, así como de
los trabajos técnicos calificados o por especialización en su función a que
hace referencia el artículo 127 de la Constitución. Al fundamentar el dictamen,
el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Óscar
González Yáñez (PT), expresó que se busca, por primera vez, reglamentar el
ingreso y salarios de los servidores públicos, y no aparezcan como aquellos
ciudadanos que gozan de más privilegios que cualquier otro ciudadano, “que por
tener el privilegio de manejar recursos públicos puedan darse un salario
prácticamente como lo quisieran”.
Se
trata de terminar con los abusos. “Abusos derivados de todos los géneros
políticos y de todas las fracciones políticas, porque lamentablemente la
corrupción prácticamente ha sido de todas las expresiones políticas del país.
Basta ya de los servidores públicos que solamente buscan enriquecerse de bienes
y de dineros de la nación”.
Hubo
una época donde los servidores públicos ganaban hasta 400 o 500 mil pesos
mensuales, cuando el salario mínimo prácticamente era de 40 o 50 pesos. “Con
esto estamos buscando regularlo, que podamos dar una opinión, que podamos
recibir una del Centro de Estudios, y así terminar con todos aquellos abusos
que tenían los servidores públicos y seguir con la discusión”.
González
Yáñez mencionó que México es el país 133 en percepción de corrupción. “Ser un
servidor público en México es un privilegio, en lugar de ser un honor. Que ya
no haya una percepción de corrupción y de abuso, entremos a ese espacio ético
moral. La ley puede ayudar a evitar los abusos, pero también estamos
convencidos que la ética y la moral del servidor público tiene que
beneficiarnos a todos”.
Agradeció
el esfuerzo de los integrantes de la comisión y de los diputados de los grupos
parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM. “Que los servidores
públicos estemos orgullosos de servir al país y no servirnos de él y terminar
con aquellas personas que solamente quieren ver en el servicio público el
enriquecerse”.
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