* La diputada Mónica Bautista lamentó que los detenidos
tienen que afrontar diariamente los autogobiernos en las cárceles y la
corrupción, entre otras irregularidades
* Según datos oficiales en 2017 había 209 mil personas
privadas de su libertad, de las cuales 5 mil 846 son adultos mayores
San Lázaro.-
Para garantizar los derechos humanos de los adultos mayores y brindar una vida
digna a los que cumplen una condena en el Sistema Nacional Penitenciario, la
diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática (GPPRD), se pronunció a favor de que los centros
penitenciarios del país posean un registro en el que se asienten los datos de
las personas mayores de 60 años.
La
legisladora lamentó que el Gobierno Federal haga caso omiso de las
recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para
resolver la problemática de los centros de readaptación social y mucho menos
para la atención de aquellas personas adultas mayores que tienen requerimientos
especiales.
En
el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 bis a la
Ley
Nacional de Ejecución Penal en materia de derechos humanos, de las personas
adultas mayores en los centros penitenciarios, la diputada federal detalló que
los y las privadas de su libertad tienen que afrontar diariamente los
autogobiernos en las cárceles, la corrupción de las autoridades penitenciarias
así como el hacinamiento y la falta de circunstancias que les garanticen una
vida digna.
La
legisladora por el Estado de México reconoció que estas prácticas no son
nuevas, sin embargo los más vulnerables son adultos mayores. Añadió que estos
problemas van desde su ubicación en los espacios carcelarios que les permitan
una estancia digna ya que no responden a sus necesidades físicas, falta de
equipo de apoyo como sillas de ruedas, andaderas y bastones, hasta la falta de
medicamentos y el abandono de sus familiares.
Bautista
Rodríguez citó que según el Órgano Desconcentrado de Readaptación Social y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta junio de 2017 se encontraban
privadas de su libertad más de 209 mil personas, de las cuales 5 mil 846 son
adultos mayores, de estas el 59 por ciento tiene entre 60 y 65 años de edad y
casi el 41 por ciento tiene más de 66 años de edad.
Por
último añadió que las personas con más de 70 años con una pena de mayor de 10
años, estarían obteniendo su libertad alrededor de los 80 años de edad, por
encima del promedio de esperanza de vida planteada por el INEGI que fue de 75
años, lo que les impediría alcanzar la reinserción social.
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