En el Congreso del Estado de México se presentó una propuesta para modificar los criterios que regulan el crecimiento del gasto en servicios personales, con el objetivo de fortalecer sectores prioritarios como la seguridad pública y la salud.
El diputado Edgar Samuel Ríos Moreno, integrante de Morena, planteó que los recursos destinados al personal operativo en estas áreas queden fuera del tope anual del 3% establecido a nivel federal. La iniciativa busca permitir mayor margen para la contratación de policías, personal médico y de apoyo, sin comprometer la disciplina financiera de las entidades.
Actualmente, existe una restricción que impide que el gasto en salarios y nuevas plazas dentro del servicio público crezca por encima de dicho porcentaje. Sin embargo, el legislador argumentó que esta medida limita la capacidad del Estado para responder a necesidades urgentes, especialmente en materia de seguridad y atención médica.
Durante su intervención, señaló que este esquema responde a una visión que prioriza el equilibrio financiero por encima de la atención a la ciudadanía, lo que —dijo— se traduce en carencias en servicios esenciales.
La propuesta contempla reformar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a fin de excluir del límite los gastos indispensables para garantizar derechos constitucionales en seguridad y salud. Esto incluye a policías estatales y municipales, así como a médicos, enfermeras, paramédicos y personal técnico.
Asimismo, se establece que estos recursos deberán mantenerse identificados de manera clara en los presupuestos y cuentas públicas, con el fin de asegurar transparencia en su ejercicio.
El documento también mantiene excepciones ya existentes, como el pago de sentencias laborales firmes, y añade que podrán excluirse del tope los gastos necesarios para implementar nuevas disposiciones legales federales.
No obstante, se precisa que este beneficio no aplicará para personal administrativo que no esté directamente involucrado en funciones sustantivas de seguridad o salud.
En los artículos transitorios se prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Consejo Nacional de Armonización Contable, realice los ajustes necesarios para facilitar la correcta clasificación de estos gastos en un plazo de hasta 180 días tras la entrada en vigor de la reforma.
De acuerdo con la exposición de motivos, esta modificación permitiría reforzar la presencia institucional en zonas donde es más necesaria, sin generar incrementos desmedidos en las estructuras administrativas.
El planteamiento retoma datos que evidencian rezagos en el país, como el bajo número de policías por habitante y la insuficiencia de personal en sistemas de salud, particularmente en entidades con alta densidad poblacional como el Estado de México.
En este sentido, el legislador destacó que el fortalecimiento del sistema de salud, en coordinación con el modelo del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar, requiere no solo infraestructura, sino también capital humano suficiente.
Finalmente, subrayó que liberar este margen presupuestal permitirá a la administración encabezada por la Gobernadora Mexiquense y a los gobiernos municipales responder de manera más efectiva a las demandas de la población.
