San Lázaro.- A fin de
que la hacienda pública se allegue recursos necesarios para garantizar
prestación de servicios a la sociedad, así como para combatir y abatir la
pobreza y la desigualdad social, el GPPRD se pronunció por prohibir la indebida
condonación de impuestos, pues al momento sólo han beneficiados a los más
acaudalados para mantener y acrecentar sus privilegios.
Así lo expresó Mónica
Bautista Rodríguez al posicionar al Partido del Sol Azteca en el Pleno de la
Cámara de Diputados durante la discusión y votación del dictamen sobre la
reforma al artículo 28 de la Constitución en materia de condonación de
impuestos, durante la cual aclaró, sin embargo, que deben persistir excepciones
para casos de emergencia.
En su alocución, la
legisladora perredista denunció que los principales beneficiarios por el perdón
en el pago de impuestos han sido bancos, instituciones financieras y grandes
empresas –como televisoras, automotrices, supermercados, mineras,
farmacéuticas, cementeras y hasta dueñas de equipos de fútbol, entre otras-,
mismas que deben ser las que más paguen porque son las que más ganan por sus
actividades económicas.
Sin embargo –agregó-,
no ha sido así y, gracias a los favores, contubernios o complicidades con
algunas autoridades, han acrecentado su riqueza, pero también la desigualdad
social en todo el país.
Aclaró que lo grave no
es la condonación en sí misma, sino la discrecionalidad y opacidad con que, en
los hechos, se favorece irregularmente a ciertos contribuyentes, lo cual no
sólo afecta a la recaudación por su omisión, sino también por su mal ejemplo al
resto de causantes que por ello se resisten a pagar al ver un fisco
inequitativo, opaco y corrupto.
“Todas las personas
pueden solicitar que sus adeudos sean perdonados, pero en los hechos los
principales beneficiarios han sido las empresas y las personas físicas de
mayores ingresos, en la mayor opacidad y, seguramente, en contubernio con el
grupo en el poder y grandes capitales”, denunció.
El problema radica
–abundó- cuando el perdón fiscal se manipula para beneficiar a grupos
específicos y sin la debida justificación en detrimento de los bienes y
servicios que el Estado debe proporcionar al resto de la sociedad, lo cual ha
sucedido en los últimos años.
En el año 2000, por
ejemplo, se condonaba entre el 10 y 12.5 % de créditos fiscales a cambio del
pago del resto, en tanto que entre 2007 y 2013 se condonó hasta el 80% a cambio
de liquidar el 20% nada más.
Por esa vía, tan sólo
entre 2007 y 2008 se condonaron 628 mil 937 millones de pesos en créditos y
adeudos fiscales, de los cuales 54% se concentraron en 108 contribuyentes, 58
de ellos empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, 45 de los cuales
se ampararon para encubrir su identidad.
Para dar idea de la
pérdida que significó para el erario y la sociedad, Bautista Rodríguez precisó
que el monto perdonado a los morosos equivale al gasto del sector salud del
2019.
Ilustró la desigualdad
a la que este faccioso trato fiscal da lugar al recordar que sólo 1% de la
población es dueña del 40 % de la riqueza nacional, mientras el 50% vive en
pobreza y sólo tiene 3.5 pesos de cada 100.
Para corregir esto, el
PRD se pronuncia porque el Estado recupere recursos de quienes más tienen y
luego los use a favor de los más desfavorecidos. Coincide entonces en que las
condonaciones se prohíban desde la Constitución, aunque –agregó- también ahí
deben preverse las excepciones.
En consecuencia, esta
reforma constitucional debe prever condiciones y fundamentos mínimos para la
condonación –entre ellas, transparencia-, misma que cuando el Ejecutivo
instrumente, debe enviar al Congreso para su validación.
De otro modo, la
prohibición de la condonación “podrá servir muy bien como bandera, pero será
inocua sin los mecanismos que fortalezcan las facultades recaudatorias del
Estado”, concluyó la diputada mexiquense.
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