San Lazaro.-La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Mónica Bautista López, propuso una iniciativa para modificar y adicionar al
artículo tercero de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en todo
el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas
violaciones a los derechos humanos en los procedimientos penales cuando éstas
fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con
excepción de los del Poder Judicial de la Federación.
Añadiendo en el artículo séptimo, fracción tercera, que la Comisión
Nacional no podrá conocer de los asuntos relativos a Actos y resoluciones en
materia Agraria, del Consumidor, de Protección al Ambiente, de la Defensa del
Trabajo, de Arbitraje Médico, Bancarios y de Valores, de Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros, Discriminación, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, Fiscal y atención a
víctimas. Lo anterior para evitar desviar las actividades para la cual fue
creada la CNDH.
La propuesta de la diputada Mónica Bautista plantea en el artículo 33 de
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que cuando una queja sea
notoriamente improcedente, será desechada mediante acuerdo fundado y motivado,
dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a su recepción, cuando no
corresponda a la competencia de la Comisión Nacional, se deberá proporcionar
orientación al reclamante, a fin de que acuda a la autoridad o servidor público
a quien corresponda conocer o resolver el asunto.
Además agrega en el artículo 44 de dicha ley que en el proyecto de
recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva
restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su
caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.
Para tal efecto, la Comisión Nacional deberá publicar en el Diario
Oficial de la Federación las reglas aplicables indicando en qué consistirán
estás y sus montos.
Las propuesta de la legisladora también detalla que en todos los casos
en que no se comprueben las violaciones de derechos humanos imputadas a las
autoridades responsables, la Comisión Nacional deberá dictar acuerdo de no
responsabilidad.
En caso de que, una vez emitido el acuerdo de no responsabilidad, los
órganos del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas,
determinen que no se acreditó la responsabilidad penal de los procesados por
haber existido violaciones a sus derechos, la Comisión Nacional de oficio
deberá reaperturar la investigación correspondiente para determinar si
existieron violaciones a los derechos humanos de los procesados
La diputada por el Estado de México detalló que la iniciativa que
presentó tiene dos justificaciones, por un lado es claro que las autoridades
responsables de la CNDH no han actuado cabalmente en el cumplimiento de sus
funciones, y también se presenta la necesidad de dotar al organismo de un mejor
ordenamiento jurídico, que le permita hacer la diferencia en el grave proceso
social en que se encuentra inmerso.
Ejemplo de la problemática y crisis que atraviesa la CNDH, dijo que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió su Informe sobre la
Situación de los Derechos Humanos en México 20163, con particular énfasis en
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la
situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la
situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros
grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.
“Donde nuestro país resulta claramente reprobado en esta materia,
destacándose la existencia de una grave crisis de los derechos humanos en
nuestro país”, concluyó.
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