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jueves, 5 de noviembre de 2026

CONGRESO DEL EDOMÉX AVALA PROPUESTA DE EDGAR RÍOS PARA FACILITAR LA CONTRATACIÓN DE POLICÍAS Y PERSONAL MÉDICO

 

Toluca, Estado de México.- La LXII Legislatura del Estado de México aprobó la iniciativa presentada por el diputado local Edgar Samuel Ríos Moreno para solicitar al Congreso de la Unión modificar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con el propósito de facilitar la contratación de personal operativo en materia de seguridad pública y salud.


La propuesta plantea excluir del límite de crecimiento anual del gasto en servicios personales las erogaciones estrictamente indispensables para incorporar policías estatales y municipales, médicos, enfermeras, paramédicos y trabajadores afines a estas áreas.


Actualmente, la legislación federal establece restricciones al crecimiento de este presupuesto, cuyo límite considera el menor valor entre el 3 por ciento de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con el planteamiento del legislador, esta disposición puede dificultar que los gobiernos estatales y municipales amplíen sus plantillas de personal para responder a las necesidades de sus comunidades.


Durante el proceso de análisis legislativo, la iniciativa recibió el respaldo de integrantes de distintas fuerzas políticas en las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, que aprobaron el dictamen antes de su presentación ante el Pleno.


El planteamiento también establece mecanismos de control: los recursos destinados a estas contrataciones deberán identificarse y reportarse por separado en los presupuestos de egresos y las cuentas públicas. Además, el personal estrictamente administrativo continuará sujeto al límite presupuestal.


Con la aprobación del Congreso mexiquense, la propuesta será remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde deberá continuar el procedimiento legislativo para determinar si se incorpora esta excepción a la legislación federal.


De concretarse la reforma, los gobiernos estatales y municipales tendrían mayor margen para destinar recursos a la contratación de personal que atiende directamente dos de las necesidades más sensibles de la población: la seguridad y los servicios de salud.

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